Por Héctor José Corredor Cuervo
La sociedad, las instituciones y las personas como organismos vivientes que son, están expuestos a contraer enfermedades que si no se atacan en el momento oportuno las pueden llevar a la desintegración, a la anarquía o a la muerte. Para combatir las enfermedades, lo primero que debe hacer una sociedad, una institución o una persona es aceptar que se tiene la dolencia; buscar a especialistas honestos que posean los suficientes conocimientos para que diagnostiquen y formulen los medicamentos apropiados y, si es del caso, para que hagan las cirugías requeridas con el fin de extirpar los tumores que carcomen sus organismos.
A la sociedad colombiana, desde hace mucho tiempo, la atacó la más cruel de las enfermedades llamada corrupción; que está en los tuétanos de algunos dirigentes y enquistada en las bases de las instituciones económicas, políticas, sociales, legislativas, gubernamentales, judiciales y en las mismas organizaciones que dicen ser las defensoras de los intereses del Pueblo.
La corrupción económica: Existe desde que empezó el saqueo inmisericorde de la riqueza del país dejando los socavones vacíos de los metales preciosos, las selvas arrasadas de la quina y del caucho, los pozos desocupados del petróleo, los yacimientos del carbón y del cobre en ruinas sin que el pueblo colombiano haya recibido los beneficios de su explotación. Esta corrupción hoy se nota cuando se hacen grandes concesiones a los monopolios nacionales e internacionales, cuando se aceptan todas las imposiciones de organismos internacionales en aspecto económico, cuando se reciben dineros para las campañas políticas de Alcaldías, Gobernaciones y Presidencia de la República para que posteriormente se favorezcan los intereses individuales y se les permita el aumento de precios o la especulación.
La Constitución Política de 1991 en su parte económica predomina la normatividad establecida desde 1886 y contempla normas sobre microempresas y participación con lo cual se buscó legitimar las economías informales, la apertura económica, la privatización, el libre cambismo implícito en las regulaciones de la moneda y la banca que permitió el lavado de dólares de la economía subterránea. En los artículos que se refieren a la internacionalización de la economía, específicamente en el artículo 150 numeral 16 aparece como algo insólito el hecho de que el Estado pueda: “Transferir parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales que tengan el objeto de promover o consolidar la integración económica con otros Estados”. Es decir se permite a un organismo internacional la regulación económica propia de nuestra soberanía nacional. ¿No será esto corrupción?.
La corrupción política: Que es la madre de todas las corrupciones viene desde la misma independencia al crearse la división entre centralistas y federalistas, origen de nuestros partidos tradicionales, donde primaron los intereses personales sobre los intereses nacionales y que acabaron con la unión de la Gran Colombia. Esta ha permitido que las minorías hagan mayorías mediante el empleo de la fuerza o del fraude para alcanzar los puestos de representación popular y cargos públicos mediante la limitación del electorado, la compra de votos, el trasteo de votantes, la suplantación, la cedulación de menores, la alteración de datos electorales, la utilización de cédulas de personas fallecidas etc. El tumor de ésta enfermedad que se llama “clientelismo”, ha permitido llegar a los puestos del Estado a las maquinarias de los partidos sin que éstas reúnan los requisitos mínimos de preparación para desempeñar los cargos, las cuales tienen como único objetivo el de “recuperar los dineros invertidos en las campañas con su correspondiente ganancia”, depredando al erario público mediante la manipulación de contratos, los giros a entidades inexistentes, las transferencias injustificadas, los pagos arreglados por deuda pública, el otorgamiento de pensiones o prestaciones con documentos falsos, el endeudamiento externo por intereses personales etc.
La corrupción social: Es generalizada al aceptarse el soborno y el pago de porcentajes para permitir la celebración de un contrato o negocio. En el momento que apareció la economía subterránea del narcotráfico, toda la sociedad aceptó estos dineros con beneplácito y permitió la alteración de los principios éticos y morales heredados de padres y abuelos.
La corrupción legislativa: Nació de la misma corrupción política y está relacionada con los sobornos que reciben algunos representantes del pueblo elegidos por voto popular para producir la normatividad que beneficie a intereses personales o del mismo Gobierno. Esta corrupción ha permitido acabar con los controles previo y perceptivo, privatizar a menos precio todo lo que se había estatizado en los años sesenta, limitar los servicios asistenciales prestados por el Estado que favorecía a los pobres, entregar a monopolios los servicios públicos, eliminar la extradición de narcotraficantes etc.
La corrupción gubernamental: Permite que muchos servidores públicos se conviertan en los cómplices de los contratistas y acomoden los contratos a sus propios intereses o permitan la existencia de entidades ficticias o paralelas de los mismos dueños para la adjudicación de los contratos. Esta corrupción ha permitido la legalización de dineros del narcotráfico, el ingreso de capitales golondrina de la economía subterránea, la utilización de éstos dineros en la ganadería, en la agricultura, en el comercio, en la educación, en la construcción, en la banca, en las empresas de todo orden y en el deporte.
La corrupción judicial: También es alarmante por el soborno que se hace a fiscales, jueces y magistrados para que estos desvíen las investigaciones, para que no las adelanten correctamente, para que se acepten los testigos falsos, para conocer con anticipación los contenidos de los procesos, para que no se cumplan con los términos judiciales, para buscar privilegios en los sitios de reclusión, para que se impongan penas mínimas, para que se rebajen las penas impuestas.
Las organizaciones subversivas y paramilitares: Que dicen defender los intereses del Pueblo también están inmersas en las redes de la corrupción de la economía subterránea aumentando con estos dineros su poder militar y el enriquecimiento ilícito de muchos de sus integrantes y colaboradores.
El Referéndum propuesto por la Presidencia de la República merece el reconocimiento de todos los colombianos por los pantalones que se deben tener para presentar tal iniciativa en medio de un mar de corrupción. Este desafortunadamente contempla la receta para extirpar el mal en el cuerpo del vecino pero no incluye las cirugías que se deben hacer en todos los organismos nacionales. Parece que en este caso se cumple aquel precepto bíblico de que siempre se mira la paja en el ojo ajeno sin jamás darse cuenta de la viga que se tiene en el ojo propio.
* La República., abril 20 de 2000
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