Como he venido planteando desde hace tiempo, Colombia está al borde de una inminente explosión social por insatisfacción, debido al fracaso de las reformas políticas y sociales puestas en marcha en las últimas décadas; al auge del clientelismo que llevó al Estado a la ineficiencia; a la corrupción política y al bipartidismo excluyente que no ha permitido la alternancia del poder o el ejercicio del sufragio en forma limpia; a la desaceleración de la economía producida por la apertura que permitió la quiebra de pequeñas, mediana y grandes industrias; al desequilibrio fiscal y al endeudamiento externo que han obligado a privatizar la mayoría de institutos y entidades que se habían creado para prestar servicios públicos, de asistencia y de regulación comercial en la década de 1960; a la inequidad en la distribución de los ingresos hecha por la politiquería y sin obedecer a un plan de desarrollo; a la excesiva concentración de la riqueza incrementada por la política neoliberal que permitió el monopolio de los medios de producción, de las finanzas, de la construcción, de los medios de comunicación; a la insolvencia de los partidos y su incapacidad para crear unas estructuras adecuadas con una ideología que permita el logro de objetivos definidos; a la incapacidad de las autoridades para cumplir con el mandato constitucional de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos en todo el territorio nacional; a la acción soterrada de la subversión que ha implementado la estrategia del miedo y del terror con apoyos internacionales; al incremento de los grupos denominados paramilitares o de autodefensa que les han declarado la guerra a la subversión y a todos sus posibles colaboradores; a la escasez de alimentos que ha llevado a la especulación y a la lucha de los menos favorecidos por la subsistencia; al resurgimiento de una izquierda y derecha globalizantes que se interesan más por satisfacer los intereses personales e internacionales antes que velar por los intereses de la nación; al incremento de las cargas impositivas que asfixian a toda la población; a los altos costos de servicios públicos, de pensiones, de salud y de vivienda que han permitido el empobrecimiento de la clase media; a la acción de la economía subterránea que utilizando todos los medios, ejerce su poder corruptor en todos los estamentos de la sociedad; a la ineficiencia del Estado para administrar la justicia y para satisfacer las demandas de los derechos individuales y sociales contemplados en la constitución de 1991; al alto índice de desempleo que alcanzan hasta un 15% de la población activa, etc.
La situación expresada rápidamente, requiere la atención de todos los colombianos y especialmente de quienes tienen la responsabilidad política, gremial y de dirección del Estado para que se estudien todas las soluciones propuestas por universidades, personas especializadas y centros de estudio a fin de trazar los objetivos por alcanzar, en busca de la reconciliación nacional. Es imposible seguir pensando en la aplicación de la Fuerza Pública para contener la avalancha de la gran represa social en caso de que se revienten los diques de contención, la soberanía y la seguridad nacional requieren de reestructuración inmediata de las Fuerzas Armadas y de una legislación adecuada que les permita afrontar con éxito los nuevos retos que le impone la situación actual del país.
* La República., octubre 30 de 1998
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